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NUEVO INFORME DEL GIDHS: Luchas populares frente a la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa

acaparamiento_de_tierras_andaluciaLuchas populares frente a la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa Experiencias de resistencia campesina en Andalucía

El acaparamiento de tierras es un fenómeno que, por lo general, se considera una realidad en el Sur Global. Sin embargo, un exhaustivo informe realizado por un equipo de investigadores e investigadoras revela que el acaparamiento de tierras también se está acentuando en Europa.

El informe, en que han participado 25 autores y autoras de 11 países, destapa el escándalo oculto de cómo unas pocas grandes entidades privadas se han hecho con el control de superficies de tierra cada vez mayores en Europa. También expone cómo estas ‘élites agrarias’ han contado con la ayuda activa de una enorme inyección de fondos públicos en un momento en que la financiación pública en el resto de ámbitos está sufriendo grandes recortes.

Si bien algunos de estos procesos –especialmente el de concentración de la tierra– no son nuevos, se han acelerado en las últimas décadas, sobre todo en Europa oriental. Por otro lado, también han allanado el camino para que en la escena europea aparezca un nuevo grupo de actores, tanto europeos como de otras regiones.

Muchos de estos actores están vinculados con las cadenas de productos alimentarios básicos cada vez más globales y todos ellos buscan beneficiarse con la tierra como mercancía cada vez más sometida a la especulación.

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Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: masacre de 80 indígenas yanomamis en Venezuela

Agosto de 2012

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) condena la matanza de cerca de 80 indígenas yanomamis en Venezuela mediante armas de fuego y explosivos.

 

Se han recibido de denuncias sobre la muerte de gran cantidad de personas indígenas yanomamis de la Comunidad Irotaheri (Municipio Alto Orinoco del Estado Amazonas), supuestamente en manos de mineros ilegales brasileños denominados garimpeiros.  Testigos han descrito la existencia de innumerables huesos y cuerpos quemados.

 

La zona es de difícil acceso y se ubica a 5 horas en helicóptero o 15 días a pie desde la capital del Estado Amazonas.  Organizaciones indígenas como Horonami y Wataniva han denunciado los hechos, argumentando intentos de violación de mujeres por parte de los victimarios, destrucción de casas y asesinatos, una cuestión que aseguran se viene desarrollando desde hace años sin mayor preocupación por parte del gobierno.

 

De hecho, se asegura que en 1993, 16 indígenas fueron asesinados por parte de buscadores de oro.

 

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y el respeto de los derechos humanos, entre ellos la protección de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, en su calidad de Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD):

 

  • Condena la brutal masacre y exige a las autoridades venezolanas una investigación de los hechos y la ejecución de medidas de protección urgentes a favor de la población vulnerada.
  • Insta a las organizaciones defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas y de los derechos humanos en general para que se manifiesten condenando los terribles sucesos y exijan justicia y protección para las víctimas.
  • Hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el grupo de trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas para que estudien los hechos y ejecuten las acciones pertinentes para la protección de yanomamis.
  • Exige el cumplimiento de lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,  la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José.
 

 

COMUNICADO DEL GIDHS POR LA SITUACIÓN EN EL QUICHÉ, GUATEMALA

Otto Pérez Molina. Presidente de la República de Guatemala

Mauricio Bonilla. Ministro de Gobernación

 Julio Rivera Clavería. Viceministro de Gobernación

 Sergio Morales  Alvarado. Procurador de los Derechos Humanos

Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh)

 Barcelona, 20 de febrero de 2012

El Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad- Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS), observa con profunda preocupación los hechos ocurridos en las poblaciones de Sansiguán, Cunén y Los Regadíos (Uspantán, Quiché) dentro de los conflictos socioambientales generados por los proyectos hidroeléctricos impulsados por la empresa italiana ENEL (represas Palo Viejo I y II).

En el occidente de  Guatemala se han realizado más de 50 consultas comunitarias que han expresado con claridad el rechazo a las actividades mineras y a la construcción de hidroeléctricas. Estas consultas, realizadas también en los municipios arriba mencionados, se hallan avaladas por la legislación internacional en referencia a los derechos de los pueblos indígenas (Convenio núm. 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas)-

Pese a ello, las actividades de la empresa ENEL han seguido su curso, acompañadas de distintas formas de agresión y persecución de las personas movilizadas en defensa de los recursos naturales de sus territorios. En noviembre de 2011, la comunidad El Regadío fue atacada por miembros de la seguridad privada del Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL.

Lejos de garantizar la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, el Estado guatemalteco ha actuado exclusivamente en favor de los intereses empresariales y de la oligarquía local. La criminalización de la protesta social se ha erigido como única respuesta, hecho que se constata con las declaraciones del Viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, que menciona que los pobladores y las organizaciones que los apoyan  “tienen vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico”. Sin duda, este tipo de discursos recuerda en exceso las viejas prácticas gubernamentales del tiempo del conflicto interno, que llevó al asesinato y desaparición de miles de personas, en su mayoría indígenas, acusadas falsamente de pertenecer a grupos subversivos.

Del mismo modo vemos con especial preocupación los señalamientos que desde el Ministerio de Gobernación se hacen en torno a un ciudadano español al que se pretende vincular con el crimen organizado y el contrabando. Sin mencionarlo, el Ministerio hace referencia al ciudadano español de origen catalán Ricardo Busquets, quién ha trabajado como cooperante con el Comité de Unidad Campesina (CUC), organización legalmente establecida y que forma parte de la asociación campesina internacional La Vía Campesina. Busquets, quien colabora además con distintos medios informativos en Cataluña, ha asumido tareas de comunicación, por lo que su labor consiste en filmar con video las actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas.

Por este motivo hacemos un llamado al Estado guatemalteco, en su conjunto, y especialmente al gobierno del presidente Otto Pérez Molina para que:

  1. Priorice, de acuerdo con las exigencias de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos, el diálogo y los mecanismos de consulta  para la resolución de los conflictos socioambientales.
  2. Reconozca la especial vulnerabilidad de las comunidades ante los megaproyectos que afectan a su territorio.
  3. Ponga fin a la impunidad por las agresiones recibidas por las comunidades locales en zonas de conflictos socioambientales, y en concreto en los casos referidos de la región del Quiché.
  4. Respete la vida, la integridad física y el conjunto de sus derechos a los habitantes de El Regadío y al cooperante español Ricardo Busquets.

Atentamente,

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad – Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS)

Dr. Javier Álvarez del Castillo

Coordinador Grupo de Investigación en

Derechos Humanos y Sostenibilidad.

Càtedra UNESCO en Sostenibilitat UPC Cataluña

e-mail: derechoshumanos@edpac.org