En el marco del proyecto de investigación sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala dirigido por el GIDHS, en agosto de 2011 entrevistamos a Lorena Cabnal de la Asociación de Mujeres Indígenas Xincas de la Montaña Xalapán (Jalapá, Guatemala). Aquí dejamos su valioso testimonio.

 ¿Qué políticas públicas existen para la promoción del desarrollo de las mujeres?

Actualmente existe la política nacional para el desarrollo Integral de las mujeres guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades PEO. Sus ejes están orientados básicamente a todo lo que tiene que ver con educación, la salud integral de las mujeres, con el acceso a la justicia, con la participación política de las mujeres… es una política muy importante, pero no fue una política creada por interés del Estado, sino por lucha del movimiento de mujeres y feministas en el país.

 ¿Se está dando una aplicación territorial de esas políticas?

Una grave debilidad que se sigue manifestando es que la mayoría de las instituciones del estado no están  impulsando la política como tal, aún no logra operativizarse en términos específicos de planes, acciones, proyectos y presupuesto específico desde y para mujeres indígenas. Nosotras actualmente no estamos coordinando o interrelacionando alguna actividad directa de la política porque no nos sentimos invitadas, porque nuestras prioridades y demandas son otras. Toda la parte de defensa de tierra y territorio no está integrada dentro de la política.

¿Existen leyes de protección contra la violencia hacia las mujeres? ¿Se facilita su acceso a la justicia?

Desde 1985 hubo una ley que marcó una diferencia radical en Guatemala, la Ley intrafamiliar. Producto de una lucha histórica del movimiento de mujeres y feministas en Guatemala. Hay otras leyes, la Ley para la promoción y dignificación de las mujeres y la ley contra el feminicidio  y otras formas de violencia contra las mujeres. Para nosotras es una ley importante, primero porque sienta precedentes importantes al tipifica delitos, como la violencia sexual, la violencia psicológica, física y económica, y de alguna manera creo que esta ley permite ya entonces establecer algunos conceptos o categorías en términos de legislación, que han sido aportes o categorías construidas por el feminismo justamente para nombrar problemáticas históricas y estructurales que vivimos las mujeres, por ejemplo la misoginia.

La ley es un instrumento sumamente importante pero con debilidades en su aplicación y operativización, por desconocimiento de la ley. Creo que la ley todavía no logra conocerse por las organizaciones de mujeres o por las mujeres guatemaltecas, no hay una masiva socialización en los idiomas originarios.

¿Cómo se impulsa el feminismo en los movimientos sociales?

El movimiento feminista en Guatemala está en construcción, no se puede hablar de un feminismo completamente visibilizado, pero sí hay un trabajo importante de mujeres feministas. Las organizaciones de mujeres del movimiento son las que más interés han tenido en promover planteamientos o percepciones feministas. Hay una crítica muy fuerte del feminismo que es exógeno, el que nos acultura como mujeres indígenas, que es una amenaza a la identidad  étnica, sin embargo, para nosotras el feminismo ha sido emancipatorio, ha sido la única posibilidad para poder ver con ojos de mujer indígena y visibilizar una realidad de opresión histórica ancestral y occidental patriarcal, pero también racista, capitalista, homofóbica, lesbofóbica y colonialista. Hoy estamos en toda una construcción, no tenemos terminada la propuesta del feminismo comunitario, sin embargo, estamos planteando el análisis profundo, dentro de organizaciones de mujeres indígenas, de un patriarcado ancestral originario, para nosotras los males de la mujer indígena no empiezan con la colonia, hay que hacer un análisis profundo porque  viene también de raíces muy ancestrales de subyugación de las mujeres indígenas y que para nosotras, se refuncionaliza con el poder y opresión colonial porque allí se junta con el patriarcado occidental.

Para el movimiento social en general, la agenda de mujeres feministas e indígenas no es prioridad, no se logra visibilizar como muy necesario e importante la violencia contra las mujeres. Ese sigue siendo uno de los ejes de la agenda relegada del movimiento social en Guatemala y del movimiento indígena, pues ahora la prioridad es la defensa de tierra y territorio y para nosotras es importante. La violencia contra las mujeres tiene que ser algo que debe de ir paralelo, en ese sentido nosotras también hemos construido un planteamiento político que tiene que ver con la defensa y recuperación de nuestro territorio cuerpo tierra, porque tenemos cuerpos expropiados históricamente y estos cuerpos que están sufriendo varias formas de violencia, están conviviendo en un territorio-tierra que a su vez las mujeres defendemos. La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces, ¿para qué defiendo el territorio?

¿Cómo son los feminismos indígenas?

Para nosotras no es un feminismo indígena, es un feminismo comunitario. Nosotras no asumimos una identidad étnica y de esta identidad étnica construimos el feminismo; no ha sido así, ha sido a la inversa. Hemos tenido que hacer un proceso de deconstrucción de la identidad asignada de ser mujer indígena, pero eso sólo ha sido a través del feminismo crítico y radical, entonces, no nos atrincheramos en la identidad étnica para hacer el feminismo, hemos tenido que saltar la identidad étnica, reconocer toda la aculturación que nos ha provocado el feminismo y entonces, nombrarlo y decirlo feminismo comunitario, donde he cuestionado mi identidad étnica y a partir de tener la conciencia de asumirme feminista, entonces es que empiezo con la posibilidad de construcción de una identidad elegida como mujer indígena, pero con otro imaginario de ser mujer indígena.  Nombrando las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres indígenas, con autoridad epistémica.

¿Qué mecanismos persisten en Guatemala que condicionan las desventajas estructurales de las mujeres en el campo?

Cuando Guatemala se conforma como república, como país. Creo que los sistemas de opresión justamente son sostenedores de cada institución y de toda la estructura de país, por eso es que nos cuesta mucho interlocutar con el estado, porque ahí se siguen manifestando las opresiones  muy legitimadas dentro del marco de la ley. Entonces los ilegítimos, los que estamos fuera de toda esa lógica, somos los pueblos originarios, las mujeres. Un elemento que sigue atravesando y que se vuelve un sistema de opresión sigue siendo la colonización. Nosotras no hablamos de postcolonialismo, para nosotras seguimos en un sistema de colonización de cuerpos, pensamientos, formas de vida y convivencias. Las tenemos atravesadas en todas nuestras relaciones. El racismo es una expresión sumamente fuerte, tiene diferentes manifestaciones y expresiones en Guatemala y está tan normalizado que hay momentos en que, sólo cuando hemos pasado procesos de reflexión, empezamos a distinguir el racismo que también tenemos internalizado y como lo reproducimos. Naturalizamos el racismo y es bien jodido en la vida de las mujeres indígenas, porque entonces, yo tengo tan internalizado que no lo percibo. A veces nos situamos desde la victimización para atacar la problemática del racismo, sin embargo, pienso que es una situación a reflexionar y trascender.

¿Qué papel juegan las mujeres en la construcción de un modelo agrícola que garantice y promueva los derechos de las personas?

Quiero recordar que las mujeres fuimos las creadoras, las inventoras de la agricultura e iniciando con esa parte, pues me parece que las mujeres tenemos como un aporte fundamental en cómo las mujeres hemos ido construyendo un pensamiento que relaciona el cuerpo en relación con los diferentes elementos que nos provee la naturaleza para el equilibrio. Tenemos una idea que queremos seguir construyendo poco a poco, cuánto tiempo no va a llevar no lo sé, que tiene que ver con que las mujeres también tengamos la revitalización y la dignidad de la alimentación y del relacionamiento con la tierra para promover una economía diferenciada de como la entendemos hoy, y de cómo hoy estamos empobrecidas en la montaña, pero eso tiene que ir a partir justamente de los elementos o los recursos que nos provee la tierra y el entorno, que tiene que ver con la agricultura también.

¿Por qué la equidad de género debe ser un principio intrínseco de la propuesta de Soberanía Alimentaria?

A veces, en las comunidades indígenas se trata de meter la propuesta de la equidad de género y como tal, no pasa y no atraviesa por los cuerpos o las mentes de la población indígena. Se nos puede quedar en concepto, palabra, más o menos saber a qué se relaciona, pero en la práctica no se traduce, porque se tiene que hacer toda una contextualización de lo que implica y se tiene que pasar por el colador, desde las cosmovisiones de pueblos originarios y del feminismo comunitario. Eso es un poco complejo, pero es algo que tendríamos que discutir y reflexionar  nosotras y nosotros como indígenas. Pues el constructo de equidad ha estado ahí como categoría del feminismo, pero luego cómo lo definimos desde nuestras percepciones indígenas?, El feminismo comunitario plantea que existe actualmente una desarmonización cosmogónica en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que no puede resolverse solo con reconocer la participación de las mujeres en los procesos comunitarios, sino en cómo las mujeres se constituyen en sujetos sociales con poder de transformación, por lo tanto sujetos políticos. Mientras esto no sea una condición, no podemos hablar de que las mujeres debamos asumir cualquier propuesta que vaya desde la soberanía alimentaria o cualquier otra, porque no será viable.

Antes bien, creo que es importante decir que se hace necesario que cualquier propuesta que se construya, donde vayan integradas las relaciones de mujeres y hombres, debe considerar como indispensable, el desmontaje del patriarcado, para que pueda ser entonces equitativa y justa en cómo asume desde el reconocimiento, valoración, pensamientos y decisiones, los aportes y trabajo de las mujeres en relación con la tierra y la soberanía alimentaria.

En Guatemala se conjugan el machismo colonial y el machismo maya. ¿Cómo se entrecruzan ambos tipos de cosmovisiones en la opresión sobre las mujeres indígenas?

Las mujeres vivimos opresiones múltiples, que se derivan tanto del patriarcado originario como también el occidental por lo tanto están reforzadas en el colonialismo, racismo, sexismo, neoliberalismo y ahora globalización.

Sobrellevar estas opresiones y como se expresan en actitudes machistas en la cotidianidad es bastante complejo, cansado y desgastante. Sin embargo, está tan naturalizado en las mujeres que lo sentimos como normal. La práctica de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes en la montaña de Xalapán, se ve tan normal que ahí no actúan las autoridades indígenas porque es una práctica normal, no hay denuncia. Cuando nosotras salimos públicamente diciendo que eso es violencia sexual, tenemos amenazas de muerte, porque entonces somos mujeres alborotadoras, provocadoras, estamos estimulando a otras mujeres a que abran la mente, además que se revelen contra sus maridos, somos mujeres salidas, sin rienda, prostitutas, callejeras. Hemos roto el rol tradicional de la mujer indígena, porque estamos nombrando el machismo, sexismo originario y fortalecido con las expresiones machistas occidentales, aun con los costos y riesgos que ello implique.

¿Cómo puede el feminismo, en tanto que teoría occidental de la emancipación de las mujeres, contribuir a procesos de liberación en contextos postcoloniales o en el descolonialismo?

El feminismo comunitario se ha vuelto toda una herramienta política viva. A veces cuando oigo a algunas feministas que se hacen el cuestionamiento de por qué el feminismo se queda en la teoría y no pasa a la práctica, pienso que fue uno de los grandes retos que nosotras tuvimos. Nos empezamos a reunir clandestinamente, así nació AMISMAXAJ (Asociación de Mujeres Indígenas (xinkas) de Santa María Xalapán). Cuando empezamos nuestro camino feminista, a finales del año 2004, ni siquiera sabíamos que algún día íbamos a ser feministas. Por eso nosotras no podemos tener tampoco una posición contraria al feminismo occidental, reconocemos que de ahí, de las diferentes corrientes de los feminismos hemos tomado elementos que hemos traído a nuestro territorio cuerpo-tierra y ahí hemos empezado a darle forma, sabor, color, sonido, nosotras entendemos ese sonido,  saboreamos eso y nos apasionó entonces. Otra contribución importante ha sido la de mujeres feministas que desde su postcolonialismo o descolonialismo con sus certezas o desacuerdos han contribuido también a nuestras reflexiones, y nos sentimos retadas a nombrar nuestro mundo indígena con categorías que nosotras construyéramos. El feminismo lésbico radical que aportó a replantear cómo dentro de los pueblos originarios tenemos asumida la heterosexualidad como norma y empezar a escribir en relación a ello.

¿De qué tamaño es el femicidio en Guatemala?

Hay que comprender que la violencia contra las mujeres desgraciadamente es como un abanico, hay cantidad de violencias contra las mujeres y el feminicidio es una de estas formas de violencia. Guatemala ocupa el segundo lugar a nivel mundial de femicidios, después de Rusia, no podría dar un dato en concreto sino compartir que es sumamente alarmante, cada año parece que los medios de comunicación dicen que los datos se incrementan, pero es posible que no se incrementen, sino simplemente que se estén dando a conocer justamente porque se esté aplicando la ley y porque las mujeres están más con conocimiento en términos de hacer denuncias, no es que incrementen las denuncias, es que ahora hay algunos mecanismos para denunciar y empezar a tipificar las violencias contra las mujeres y el femicidio. Ahora cuando muchas más mujeres sigan haciendo este proceso, obviamente van a incrementar los datos. Hay que verlo de forma estructural. Pero sí es una situación sumamente grave para las mujeres.

Entrevista realizada con el apoyo de Interferències, recerca i TRANSformació de gènere

Hi participaran: Daniel Pascual, Coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC); Sara Mingorría, Doctorant de l’ICTA-UAB i membre del GIDHS i Marco Aparicio, Doctor en Dret i membre del GIDHS. L’entrada és lliure.

Presentación

En el periodo comprendido entre los días del 1 al 20 de agosto de 2011, un equipo de trabajo del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (GIDHS) en coordinación con Entrepobles ha visitado la República de Guatemala para realizar un trabajo de relevamiento de Derechos Humanos en el país.

El trabajo consiste en la realización de entrevistas a comunidades afectadas por conflictos de tierra, a representantes del los tres poderes del estado: judicial, legislativo y ejecutivo y a instituciones y organismos de derechos humanos, así como la recogida in situ de la información y documentación pertinentes. La documentación resultante conformará un informe que se librará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y a los Relatores especiales en Ginebra, Suiza.

Como conclusiones preliminares se puede señalar que el Estado guatemalteco no está protegiendo a las personas que defienden sus derechos fundamentales. Por el contrario, se dan numerosos casos de persecución y criminalización a defensores de derechos humanos y a organizaciones campesinas e indígenas. Resulta preocupante la criminalización de la que son objeto, mediante acusaciones penales y/o detenciones no fundamentadas. Son especialmente delicadas las situaciones de violencia que están ocurriendo en el Valle del Polochic, en Alta Verapaz; en las comunidades cercanas a la Mina Marlín en San Marcos; y la situación del pueblo Quiche por la construcción de hidroeléctricas en su territorio.

Es por esto que el GIDHS y Entrepobles quieren invitar a la sociedad en general a conocer la situación de los derechos humanos en Guatemala para llamar la atención sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesina tomando en cuenta la coyuntura electoral actual.

Prensa Libre
22/8/11
Estudio revela que existe estrategia para generar terror en el Polochic

ADIAL – Noticias de América Latina y Caribe
5/9/11
Estudio revela violaciones a indígenas y comunidades de Polochic

Diario de Centro América
25/8/11
Investigan a grupos responsables de los desalojos en el Polochic

La Hora
22/8/11
Críticas al Gobierno por violentos desalojos en el Valle del Polochic

Comité de Unidad Campesina
23/8/11
Grupo de investigación internacional confirma violación de derechos humanos en Panzós, San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa

El País
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La belleza empobrecida

Plaza Pública
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Sismos, claustrofobias y los campesinos del Polochic

Goldcorp out of Guatemala
23/8/11
Gobierno debe tomar acciones en el área del Polochic, Alta Verapaz

DefensaTerritorios.org
25/8/11
Estudio revela que existe estrategia para generar terror en el Polochic

Veterinarios sin Fronteras
25/8/11
El conflicto por la tierra en Guatemala

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PRESENTACIÓN

En el periodo comprendido entre los días del 1 al 20 de agosto de 2011, un equipo de trabajo del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (GIDHS) ha visitado la República de Guatemala para realizar un trabajo de relevamiento de Derechos Humanos en el país.

El trabajo consiste en la realización de entrevistas a comunidades afectadas por conflictos de tierra, a representantes del los tres poderes del estado: judicial, legislativo y ejecutivo y a instituciones y organismos de derechos humanos, así como la recogida in situ de la información y
documentación pertinentes. La documentación resultante conformará un informe que se librará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y a los Relatores especiales en Ginebra, Suiza.

Este grupo ya ha realizado informes similares en Argentina 2008, Paraguay 2009 y Bolivia 2010. Los dos primeros informes mencionados fueron presentados a los Relatores Especiales pertinentes interviniendo por este motivo en los Consejos de Derechos Humanos en sus sesiones 12º y 15º y está previsto hacerlo también el próximo mes de Septiembre para el caso de Bolivia.

Se han podido realizar un total de 236 entrevistas. 203 de las entrevistas son a testimonios que han sufrido o sufren vulneraciones de derechos humanos. Se ha entrevistado a 168 testimonios en el Valle del Polochic, en las comunidades desalojadas el pasado mes de marzo y 10 de agosto.
Otras 7 entrevistas re han mantenido con testimonios de San Miguel y relacionados con los conflictos de la Mina Marlin, 12 entrevistas a representantes de las comunidades de la zona Ixil, afectados por las hidroeléctricas, 4 testimonios de San Juan Sacatepéquez afectados por el
proyecto de la cementera y 12 entrevistas a trabajadoras de una maquila en Ciudad de Guatemala.

Se ha solicitado un total de 14 entrevistas con los diferentes representantes de los poderes del estado en Ciudad de Guatemala. Las entrevistas que nos han sido concedidas son: Vicepresidencia de la República, Corte de Constitucionalidad, Vicepresidencia del Congreso, Ministerio de Energía y Minas, Fiscalía General, Bancada de URNG-MAIZ, Procuraduría de Derechos Humanos, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios.

Las solicitudes de audiencia no concedidas y por motivos desconocidos para el GIDHS han sido: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Corte Suprema de Justicia de la República, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y Ministerio de Gobernación.
Otras de las entrevistas realizadas han sido: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y la Procuraduría de Derechos Humanos del Departamento de Alta Verapaz, CICIG, Colegio de Abogados, UDEFEGUA, Fundación Guillermo Toriello, El Observador, CUC, La Cuerda, AMISMAXAJ, ECAP, CONGCOOP, Plataforma Holandesa contra la Impunidad y algunas personas expertas en la temática.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL

En Guatemala, desde finales del siglo XIX, las dinámicas sobre el uso de la tierra han priorizado la propiedad privada sobre los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. La desproporcionada acumulación de tierra en pocas manos y las precarias condiciones laborales de las personas ocupadas en las explotaciones agroexportadoras en las fincas, han constituido un factor histórico que contribuye a la situación de indefensión en la que prevalecen cientos de comunidades indígenas y campesinas del país. La actual demanda internacional de materias primas
provenientes de los sectores agroindustriales, especialmente los monocultivos extensivos e intensivos de Palma Africana y Caña de Azúcar, la industria extractiva como la minería a cielo abierto y la explotación petrolera han coadyuvado al agravamiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades rurales, viéndose forzadas a desplazarse o migrar. Del mismo modo, los megaproyectos como los hidroeléctricos ocasionan fuertes impactos socioambientales que no han sido considerados ni consultados debidamente con las comunidades afectadas, las cuales reciben pocos o ningún beneficio en contraposición a las expectativas de desarrollo local que se han visto frustradas.

La migración que se da de la población rural hacia las ciudades, no aporta mejoras sustanciales a las personas que se ven obligadas a dejar sus ancestrales comunidades. Por el contrario, la escasa oferta laboral a la que tienen acceso y la flexibilización de las relaciones laborales, muestra los mismos síntomas de abandono institucional. Tal es el caso de las empresas maquiladoras, que violan los derechos laborales, como el de sindicalización y ejercen presiones y amenazas contra los y las trabajadoras en el reclamo de sus derechos laborales.

El Estado guatemalteco no está protegiendo a las personas que defienden sus derechos fundamentales. Por el contrario, se dan numerosos casos de persecución y criminalización a defensores de derechos humanos y a organizaciones campesinas e indígenas. Resulta preocupante la criminalización de la que son objeto, mediante acusaciones penales y/o detenciones no fundamentadas. Estas últimas además, denotan una celeridad que otros procesos penales no tienen, como las denuncias a las agresiones ejercidas en su contra. Podemos afirmar que prevalece
la corrupción e impunidad en las diferentes instancias gubernamentales, principalmente en el organismo judicial y en las fuerzas de seguridad del Estado. Existen también cuerpos armados de seguridad privada que operan con total impunidad defendiendo los intereses de empresas nacionales y transnacionales.

1/ SITUACIÓN EN SAN MARCOS

La mina Marlin es una explotación de oro propiedad de la empresa transnacional canadiense Goldcorp Inc, localizada al norte del Departamento de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. La empresa cuenta con varias licencias mineras operando en Guatemala a través de sus filiales Montana Exploradora y Entremares S.A. En noviembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) habría otorgado una licencia de explotación minera de oro y plata por 25 años a la empresa Montana, dentro de una extensión de 20 kilómetros cuadrados en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. El área de impacto ambiental e hidrológico de la concesión abarca el territorio de hasta 18 comunidades del pueblo maya en ambos municipios.

Según los testimonios consultados, la empresa se introdujo en la zona anunciándose como un proyecto de producción de orquídeas. Una vez hecha la prospección del lugar, la información que proveía Montana no profundizaba sobre los posibles impactos socioambientales derivados de su actividad. Ni la empresa ni el gobierno les hizo saber a las comunidades que tenían derecho a ser consultados como Pueblos Indígenas.

Respecto a los posibles impactos generados por vertidos de desechos tóxicos, los resultados del monitoreo del agua realizados por los pobladores y las organizaciones que los acompañan, indican que la minera a cielo abierto, Marlin, sería la causante de la contaminación del agua que es de uso de las comunidades. Según el monitoreo de calidad del agua realizado por la empresa, no hay índices de contaminación de las aguas. Las comunidades sostienen que la explotación minera ha generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, puesto que el Río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 10 de mayo de 2010 dictó las Medidas Cautelares que establecían el cierre de la mina Marlin e instaban al gobierno a adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas y planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios y/o sus representantes. En respuesta a las Medidas Cautelares, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que, según la evaluación realizada en base a los informes proporcionados por la Dirección General de Minería, el Departamento de Control Minero, la Unidad de Gestión Socio Ambiental y el Departamento Jurídico, el gobierno guatemalteco no tiene evidencia de la existencia de causa alguna para suspender y cancelar el derecho minero denominado Marlin I, número LEXT-541, otorgado a la entidad Montana Exploradora de Guatemala, S. A. por lo que pidió el levantamiento o modificación de las Medidas Cautelares.

2/ SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATAPÉQUEZ

El conflicto se origina en el año 2006 cuando la empresa cementera Cementos Progreso de Guatemala inicia las labores de exploración en San Juan Sacatepéquez. El proyecto se lleva a cabo en las 12 comunidades indígenas kaqchikeles que habitan en el municipio, sin informar ni realizar la consulta previa y de buena fe, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de ese momento, otra empresa, CONASA, inicia la construcción de una carretera para garantizar las comunicaciones de la empresa cementera. Durante este período se incurre en algunas viviendas privadas, propiedad de las comunidades indígenas, para la medición de lotes destrozando su milpa y otras plantaciones y aduciendo la necesidad de esos terrenos para la construcción de la carretera.

Ante esta situación los representantes de las 12 comunidades kaqchikeles de la región solicitan información al consejo municipal, así como la realización de una reunión con los organismos competentes a fin de analizar la situación. En esta reunión las comunidades plantean la necesidad de realizar una consulta popular, según lo recogido en el convenio 169, a fin de decidir a favor o en contra del establecimiento de la empresa cementera. La respuesta del Consejo municipal se resume en la obstaculización a la información sobre el proyecto y el entorpecimiento para la realización de una consulta popular. De forma paralela, las comunidades y especialmente sus representantes, empiezan a ser hostigados y recibir amenazas por parte de un grupo armado dirigido por varios militares retirados: Víctor Girón, Hugo Morales, Toribio Acevedo y José Ovidio Castro de Paz.

La comunidad solicita en reiteradas ocasiones su derecho a realizar una consulta, pero son constantes las anulaciones de la misma por parte del Consejo municipal. Ante este hecho, las comunidades deciden finalmente celebrarla el día 13 de mayo de 2007. El día anterior a la consulta, el alcalde del municipio en ese momento, Lorenzo Parir, anuncia mediante el reparto de volantes la anulación e ilegalidad de la misma. La consulta fue finalmente realizada.

Se registraron un total de 8.950 votos, con un resultado de 8.946 votos contrarios a la implantación de la industria minera en la región y 4 votos a favor. Los resultados se entregaron a la municipalidad de San Juan Sacatepéquez, al Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y a la directiva del Congreso de la República.

No se obtuvo respuesta alguna por parte del estado sobre el resultado de la consulta popular, sin embargo, las 12 comunidades registran un aumento de los hostigamientos, tanto por parte de grupos armados privados -vinculados a la empresa cementera- como de las fuerzas de seguridad del estado, con un incremento de las órdenes de captura a líderes comunitarios. Este aumento de las tensiones culmina con la incursión de 68 patrullas de policía en las comunidades el día 14 de diciembre de 2007, en la que se dio un uso abusivo de la fuerza, con un saldo de violaciones sexuales a 3 mujeres por parte de los cuerpos de seguridad del estado (policía y/o ejército) y la captura de 17 personas, sin disponer de órdenes de detención, y 14 encarcelaciones de miembros de la comunidad.

Durante la primera mitad del 2008 continúa la represión a las comunidades por parte de los cuerpos armados de la empresa. Se emiten diversas ordenes de captura contra los líderes de las comunidades y tanto la policía cómo el ejército, se personan en diversas ocasiones con un elevado número de efectivos y equipamiento diverso, incluidos helicópteros.

El 22 de junio de 2008 se declara el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez y durante los 15 días que dura esta situación, la empresa Cementos Progreso aprovecha para desplazar maquinaria y construir una plataforma en sus instalaciones. Las comunidades fueron convocadas a una mesa de diálogo con la empresa en las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas ocho días después del inicio del Estado de Prevención. El 15 de diciembre de 2008 la empresa finaliza unilateralmente la mesa de diálogo.

Actualmente persisten las intimidaciones por parte de los grupos armados de la empresa, dándose casos de agresiones y asesinatos. La empresa no ha empezado a desarrollar abiertamente su actividad, pero según informaciones de los miembros de las comunidades entrevistados, la empresa podría estar extrayendo de forma clandestina materias primas en horario nocturno.

El pasado 16 de agosto de 2011 las comunidades se entrevistaron con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, solicitando medidas que garanticen su seguridad y frenen el hostigamiento y las amenazas hacia sus miembros. COPREDEH les indicó que para iniciar cualquier acción necesita nuevas denuncias, pero dado que la mayoría de las personas amenazadas tienen una orden de captura o alguna denuncia contra su persona las comunidades consideran altamente arriesgado realizar denuncias y cumplir con este requisito exigido por COPREDEH.

3/ SITUACIÓN EN EL QUICHÉ

Las comunidades de la Región Ixil y del Norte del Departamento de Quiché fueron duramente golpeadas durante el conflicto armado. En esta región la población se alzó con la guerrilla por decisión de los consejos de ancianos. Como consecuencia de la estrategia contrainsurgente del Estado se produjeron 114 masacres, de las cuales, tan sólo 58 han sido documentadas. Pese a ello han prevalecido los sistemas organizativos comunales que actualmente se expresan por medio de las consultas populares que se han realizado con motivo de los diversos impactos de los megaproyectos hidroeléctricos en la región.

En los municipios de Chajul y Uspantán existen movilizaciones en defensa de los recursos hídricos, como en el caso de las Hidroeléctricas Palo Viejo I y II, pertenecientes a un consorcio conformado por la empresa italiana ENEL y capitales guatemaltecos. Antes de instalarse, el consorcio prometió la construcción de caminos y la dotación de energía eléctrica a las comunidades. Al no cumplir con estas expectativas las comunidades han realizado bloqueos carreteros que afectan al consorcio. El gobierno ha enviado en tres ocasiones efectivos con pasamontañas, fuertemente armados y en helicóptero, con el fin de desalojar a las comunidades y romper los bloqueos. Los testimonios recogidos señalan que se han recibido amenazas y abusos por parte de las fuerzas públicas. Hay órdenes de captura contra algunos dirigentes y según testimonios, se tiende a amedrentar a mujeres y niños.

La conflictividad en la región se dio a partir de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó licitaciones a empresas de capital nacional y extranjero sin que las comunidades y los Pueblos Indígenas hayan sido consultados incluso sin verificar el estado real de la tenencia de la tierra.

4/ SITUACIÓN EN EL VALLE DEL POLOCHIC

En las entrevistas realizadas con las comunidades, el GIDHS fue informado sobre la situación que vivían las personas pertenecientes a las mismas anteriormente a la ocupación de las tierras de las que fueron desalojados y, con ella, de las razones que les llevaron a realizar dicho acto; sobre el modo en que se realizaron los desalojos y los derechos que, tanto como individuos como a nivel comunitario, les fueron vulnerados; sobre la situación en que se encuentran actualmente y el conjunto de reivindicaciones que plantean a las autoridades.

a) Situación anterior a las ocupaciones de tierras y razones de las mismas

Las personas entrevistadas describen su situación previa a la ocupación de tierras como de enorme precariedad y ausencia de condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna, debido en la mayor parte de los casos a su situación como mozos-colonos, condición familiar heredada sucesivamente. Narran cómo dicha condición les había llevado a sucesivas expulsiones de distintas fincas del Valle de Polochic cada vez que el finquero decidía vender las tierras o destinarlas a aprovechamientos incompatibles con su presencia en las mismas. En algunos casos, dicha presencia se remonta a varias generaciones pues se trata de la continuidad colonial que implica el modelo de desarrollo agrario del Estado guatemalteco desde su conformación como tal.

La compra por parte de la empresa Chabil Utzaj de un total de 5.000 hectáreas de tierra en el Valle de Polochic a los finqueros locales conllevó la última, más amplia e impactante, de las expulsiones sufridas por las comunidades entrevistadas. Además, en este caso, el proyecto productivo cañero es incompatible con la permanencia de las comunidades en las tierras, de modo que su expulsión deviene definitiva, y dado que la generación de puestos de trabajo es escasa y parte de los mismos son ocupados por personas venidas de otras zonas del país, el resultado es que comunidades Q’eqchie’s, de presencia ancestral en el Valle de Polochic, experimentan la usurpación incluso de las precarias opciones de subsistencia que les ofrecía el modelo del colonato.

Las circunstancias descritas explicarían las razones que empujan a las comunidades a la toma de tierras, ocupaciones que se dieron cuando las tierras, buena parte de ellas en situación de abandono productivo desde su compra, fueron puestas en venta mediante subasta pública como consecuencia del impago de la deuda contraída por la empresa ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Tras las ocupaciones, realizadas en general a lo largo del mes de noviembre de 2010, las comunidades construyeron precarias viviendas y empezaron a dar uso agrícola (maíz, frijol y otros insumos y alimentos de subsistencia) a las tierras. Para la compra de los elementos básicos para dichos cultivos la mayor parte de las familias necesitaron créditos de las entidades locales de préstamo (Génesis, Fundea), realizados en condiciones de usura.

Durante el tiempo que transcurre desde la toma de tierras hasta los desalojos de marzo de 2011, las comunidades refieren diferentes acciones de amenaza, hostigamiento y violencia por parte del cuerpo de seguridad privada contratado por la empresa. De ellos, el más grave sería el producido el 14 de diciembre de 2010, cuando 22 integrantes de la seguridad privada, en pleno día y a cara descubierta, se presentaron en la finca de Bella Flor y dispararon indiscriminadamente contra las personas presentes en una asamblea comunitaria, con el resultado de 5 personas heridas de bala. Dichos actos fueron convenientemente denunciados ante el Ministerio Público sin que, a día de hoy, exista ninguna orden de captura u otro tipo de avance en la persecución de los responsables.

Por el contrario, las denuncias presentadas por la empresa contra algunas de las personas heridas, concretamente aquellas que desempeñan cargos comunitarios, sí han llevado a órdenes de captura, una de las cuales se llevó a cabo y ha conducido a Manuel Xuc Cucul a la cárcel de Cobán, donde se encuentra en situación de prisión provisional en espera de un juicio que se ha señalado, en principio, para un año después del momento de su detención. Dicha situación se reproduce en el resto de comunidades, afectadas en diferente grado por órdenes de captura que impiden a las personas señaladas salir de la comunidad para tratar de buscar algún trabajo con el que mantener a su familia. Tales personas tienen el convencimiento que, en su caso, la Policía sí ejecutará la orden de captura de manera inmediata.

Seguramente las razones que llevaron a la toma de tierras, junto con el peligro que la conflictividad existente llevase a desenlaces irreparables, provocaron que el Gobierno instara la creación de una mesa de diálogo entre la empresa, las comunidades y el COPREDEH, y la presencia de algunas organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones estatales, como el FONTIERRAS. Esta mesa de diálogo se hallaba en pleno funcionamiento, de hecho se había reunido un día antes, cuando el Ministerio Público dio curso a la orden de desalojo dictada por la juez competente de Cobán, el 15 de marzo de 2011.

b) Circunstancias del desalojo y vulneraciones de derechos humanos denunciadas

En condiciones de absoluta imprevisión, el 15 de marzo de 2011 se inician los desalojos, que tuvieron lugar hasta el 19 de marzo, incluido. El MP concurre con numerosos efectivos de la PNC y el Ejército, hasta 2000 distribuidos en los distintos desalojos, además de la participación directa de responsables de la empresa Chabil Utzaj (entre ellos Carlos y Walter Widmann) y de su cuerpo de seguridad privada y cuadrillas de trabajadores, encargados de la destrucción inmediata de las viviendas, pertenencias y cultivos de las comunidades. Las comunidades denuncian de modo coincidente para los distintos casos que, además, otros empleados de la empresa se habrían vestido con uniformes militares para integrar el dispositivo de desalojo.

De los testimonios recogidos, se derivaría que, en realidad, el operativo de desalojo habría sido conducido por los propietarios de la empresa, antes que por los representantes del MP o los responsables de la PNC o del Ejército. Ello explicaría la inmediata destrucción de cultivos y viviendas, sin esperar el tiempo necesario para la conclusión del desalojo y la formal recuperación de la posesión de las tierras. Por otro lado, también aparecen dudas respecto del modo en que fueron identificadas las parcelas concretas afectadas por la orden de desalojo. Según los testimonios recogidos, fueron directamente los propietarios de la empresa los que indicaron las comunidades a desalojar, sin previa comprobación de su coincidencia con los datos registrales referidos en la decisión judicial.

La CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) ha denunciado, y así lo ratificó en la entrevista que la CIDHS mantuvo con sus representantes, la desaparición de registros inmobiliarios anteriores al año 2005 que afectarían a las fincas desalojadas, extremo que en palabras del jefe de la CICIG, Francisco Dall’Anese, debería ser investigado para aclarar la situación en la que están las comunidades. El mismo Dall’Anese señaló que no se podía descartar que tras dicha desaparición de registros existiese todos una “estructura” de intereses.

Resultan coincidentes las declaraciones de las distintas comunidades que experimentaron el desalojo con relación a las características del operativo y la desproporción en el uso de la fuerza por parte del la PNC y el Ejército. En todos los casos señalan que el tiempo que el MP les dio para que se fueran de manera voluntaria fue entre 15 y 30 minutos; que, en la mayor parte de los casos, dicha salida fue pacífica por parte de las comunidades; y que, sin embargo, en distintos casos fueron atacadas mediante gases lacrimógenos disparados por la espalda a muy escasa distancia y sin ninguna situación que justificara su empleo. Dicha actuación tuvo como consecuencia que numerosas personas fuesen heridas por el impacto directo de los botes de gas, además de por su inhalación. Entre las personas que el GIDHS pudo comprobar las visibles secuelas de dichos impactos, 5 meses después, se hallaban personas de edad avanzada y menores de edad. En algunos casos, como en la comunidad de Inup, los disparos se habrían realizado cuando las personas se hallaban en el interior de una pequeña propiedad privada en la que en su huida se habían refugiado, con la autorización de su titular, que también resultó lesionada por impacto directo de los gases.

En el curso del desalojo de la comunidad de Miralvalle, además del uso masivo de gases lacrimógenos, se relata el uso de armas de fuego, a consecuencia del cual se habría producido la muerte de Antonio Beb Ac, cuyo cuerpo inerte la policía habría intentado quemar, sin conseguirlo por actuación de las personas de la comunidad.

Otro de los aspectos coincidentes recogidos en las entrevistas fueron la tristeza y la rabia con que las comunidades relatan la destrucción de sus cultivos, hasta el punto de que el impacto de dicha pérdida, se expresaba con mayor intensidad que los atentados a su propia integridad física. Sin duda, ello nos habla de la especial relación con la tierra de las comunidades Q’eqchie’s, olvidada, cuando no despreciada, en la implementación concreta de la orden de desalojo efectuada por el Ministerio Público.

c) Situación posterior al desalojo

Las distintas comunidades afectadas por los desalojos viven a día de hoy situaciones coincidentes respecto del impacto psicosocial sufrido, la situación de grave carestía de alimentos y servicios asistenciales mínimos, criminalización y rechazo de parte de la población del Valle de Polochic. Las comunidades desalojadas permanecen unidas contando con la mayor parte de sus integrantes.

En la actualidad todas ellas, a excepción de la comunidad de Paraná, han optado por reubicarse en precarias viviendas de alquiler o contando con la solidaridad de familiares o vecinos, siendo totalmente excepcionales los casos en que han logrado acceder al menos a pequeñas parcelas donde cultivar alimentos. En algunos casos, la primera reubicación se produjo en lugares cercanos, más allá de los márgenes de la propiedad de Chabil Utzaj, pero tras haber sufrido reiteradas amenazas y agresiones de parte de la guardia de seguridad de la empresa, habrían optado por desplazarse a zonas más alejadas.

La excepción la hallamos en la comunidad de Paraná, que pese a las amenazas recibidas, sigue asentada en el borde de la propiedad de la empresa, propiedad, por cierto, que se encuentra sin uso agrícola alguno. Como es sabido, recientemente, el 10 de agosto, tres días después de haber recibido la visita del GIDHS, la comunidad de Paraná fue objeto de una agresión tras la cual resultaron destruidas buena parte de las viviendas, sustraídas o dañadas casi la totalidad de pertenencias de sus habitantes y heridas tres personas por impacto de balas de alto calibre de exclusivo uso militar. Una de las personas heridas, Martín Pec May, se halla en estos momentos en situación de gravedad, fruto de la herida de bala recibida en el abdomen. La mayor parte de las comunidades relatan que incluso tras haberse reubicado alejados de las propiedades de Chabil Utzaj han seguido recibiendo amenazas por parte de los guardias de seguridad o por cuadrillas de trabajadores, en forma de disparos al aire y otras formas de hostigamiento.

Otra de las formas de hostigamiento denunciada por las comunidades apunta a la criminalización de sus miembros y en especial de sus dirigentes. Esta situación les lleva a tener que vivir en constante alerta y en estado de semiclandestinidad impidiéndoles ir a buscar trabajo. Según los testimonios recogidos, no desmentidos por el Ministerio Público, tales órdenes de captura se habrían basado en exclusiva en la declaración de los responsables de la empresa de seguridad de contratada por Chabil Utzaj, sin contar con mayores indicios.

También es vivido como hostigamiento la asimetría en la persecución de los hechos delictivos en función de quién es señalado como presunto responsable. Las comunidades denuncian de modo reiterado la impunidad con la que actuaría la seguridad privada de la empresa. Ello lleva a una profunda desconfianza respecto a las instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad y por administrar justicia. Dicha desconfianza provoca que a menudo las agresiones sufridas no sean denunciadas formalmente ante el MP, por considerarlo una “gastadera de tiempo”, cuando no es visto como riesgo para quien presenta la denuncia de ser represaliado por parte de la empresa de seguridad o incluso criminalizado por el mismo MP, sometido a presiones de la empresa.

De las agresiones relatadas por las comunidades ocurridas con posterioridad al desalojo de marzo y cuya responsabilidad recaería en la empresa de seguridad, la más grave sería la sufrida por la comunidad de El Sauce, el 19 de marzo de 2011. Tras el desalojo operado el 18 de marzo, que no revistió incidentes destacables, al día siguiente, el 19 de marzo, miembros de la seguridad de Chabil Utzaj y trabajadores de la misma se presentaron en los cultivos con el objeto de destruirlos. En la acción, según los testimonios recogidos, por orden del responsable de seguridad, Jorge Mario Barrientos, abrieron fuego contra los pobladores al frente de los cuales iba Óscar Reyes, que recibe alrededor de 18 impactos de bala, a consecuencia de los cuales murió en el acto. Junto con él fueron heridas dos personas más, ambas entrevistadas por el GIDHS: una de ellas, Arnoldo Caal, con un impacto de bala en la cabeza y la otra, Miguel Xoc Cuc, con tres impactos de bala. Hay que añadir, además, que la titularidad de las tierras que pretendía recuperar de tal modo la empresa resulta incierta y en estos momentos es objeto de investigación por parte de la Secretaría de Asuntos Agrarios.

A diferencia de otros casos, seguramente por los efectos y evidencias de la acción, en este caso el MP sí optó por decretar una orden de captura para Jorge Mario Barrientos, pero el problema se halla en que pese a haber transcurrido cinco meses y de que se trate de una persona que es vista con asiduidad en la zona, la PNC no ha procedido a ejecutar la detención, por la que la sensación poder ilimitado de la empresa Chabil Utzaj, de impunidad y de impotencia por las vulneraciones de derechos sufridas por parte de las comunidades crece día a día.

Otro de los hechos acaecidos es el de la muerte de Margarita Chub Ché, asesinada el 4 de junio de 2011. Se trata de una integrante de la comunidad de Paraná. Según el relato de su marido, la muerte resultó consecuencia de los disparos efectuados por dos individuos que se acercaron en motocicleta. El GIDHS no cuenta con elementos suficientes para apuntar hacia la responsabilidad de la seguridad de la empresa. De todas formas, los sucesos posteriores a la muerte de Margarita Chub Ché inciden en la asimetría de respuestas del sistema de justicia en función de la persona de que se trata. En este caso, y pese al alto grado de confusión, el MP ha apoyado la línea que inculparía a Martín Pec May, el integrante de la comunidad de Paraná herido en el asalto del 10 de agosto, como autor del asesinato. Algunas opiniones recogidas señalan que dicha acusación se debería a un intento de situar los hechos de Paraná en un conflicto interfamiliar o intracomunitario, descartando la implicación de la seguridad privada de la empresa. De todas formas, el tipo de asalto y el calibre de las armas empleadas cuando menos impediría que fuera descartado. Aun así, el MP sólo ha actuado en la mencionada línea, acompañada de manera inmediata y preocupante por la decisión de doctor del Hospital de Cobán de dar de alta a Martín Pec May para permitir su ingreso en prisión pocas horas después de la intervención quirúrgica. Hay que apuntar que el GIDHS se personó primero en el Hospital y luego en la cárcel y pudo constatar la extrema debilidad de la persona detenida y la incertidumbre respecto de su recuperación, que el propio doctor aseguró que no se podría garantizar hasta transcurridos al menos dos meses desde la operación.

La comunidad de El Recuerdo denunció durante la entrevista realizada la agresión sufrida el 20 de marzo de 2011, con posterioridad al desalojo, cuando en el marco de una reunión de sus dirigentes apareció Carlos Widmann acompañado de la seguridad privada de la empresa que abrió fuego hiriendo a Carlos Cuc Pop. Igualmente, la misma comunidad denunció el acoso específico contra las mujeres y un caso de violación que habría sido realizada por miembros de la seguridad privada una semana después del desalojo.

Al margen de la gravedad de las situaciones descritas, las comunidades relataron con detalle las extremas dificultades que deben enfrentar para poder conseguir el sustento diario. Al margen del sustento diario, la mayor parte de familias deben cubrir el alquiler mensual de la vivienda, además de hacer frente a los créditos contraídos para la cosecha que el desalojo les impidió obtener. A estas dificultades, debe sumarse, el clima de rechazo al que se ven sometidos por pobladores de la zona, que les dificulta llevar a sus hijos e hijas a la escuela e incluso a acudir al centro de salud, espacios de los que se sienten excluidos acusados de “invasores” y “conics”. De este modo, las comunidades viven el rechazo por parte del Estado en sus distintas formas de presencia: justicia, educación y salud.

d) Falta de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La gravedad de la situación que viven las comunidades desalojadas ha sido constatada no solo por el GIDHS, sino por muchas otras organizaciones. Un grupo de ellas decidió presentar el caso como vulneración de las obligaciones contraídas por el Estado ante el sistema interamericano. En el marco de dicha denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución de medidas cautelares el 20 de junio de 2011. Dos meses después de ello, todavía no se ha implementado ninguna acción para su realización. Las medidas cautelares obligan al Estado a hacer frente adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades Q’eqchie’s afectadas, brindar asistencia humanitaria incluyendo alimentación y albergue, así como avanzar en la investigación de los hechos denunciados.

En la entrevista que el GIDHS mantuvo con Ruth del Valle, presidenta de la COPREDEH, se arguyó como justificación de la falta de respuesta el carácter abstracto de las medidas cautelares y la inexistencia de un censo que precise los beneficiarios de las mismas. El pasado 19 de agosto, la COPREDEH asistió a una reunión para la implementación de las medidas cautelares, reunión pospuesta una semana por incomparecencia de la COPREDEH a la reunión prevista para el 10 de agosto.

e) Principales responsables y demandas formuladas por las comunidades

De manera coincidente, las comunidades entrevistadas señalan con claridad, en primer lugar, la responsabilidad de la empresa Chabil Utzaj en las vulneraciones de derechos sufridas. Señalan que la compra de las fincas donde estaban asentadas les impide poder mantener su relación vital y espiritual con la tierra, señalando que “nosotros necesitamos maíz y frijol, no comemos caña”.

Además de la empresa, las comunidades apuntan la directa implicación del alcalde de Panzós, Ricardo Rummler, como uno de los principales protectores de los intereses de la empresa. De la entrevista realizada por el GIDHS a dicho alcalde, ello quedó constatado en su expresión máxima.

Finalmente, además del papel del MP, el sistema judicial en su conjunto y la actitud de los efectivos de la PNC en la zona, las comunidades señalan la responsabilidad del Ejecutivo estatal, por no dar ningún tipo de respuesta y no tener voluntad en ejecutar las medidas cautelares  dictadas por la CIDH.

Sus demandas son claras: en primer lugar demandan medidas que les permitan acceder a su fuente de vida, la tierra. En segundo lugar, exigen reparación por los daños sufridos durante los desalojos. En tercer lugar, piden castigo para los responsables de las agresiones sufridas, la empresa Chabil Utzaj y sus cuerpos de seguridad privada. Por último, demandan el fin de la criminalización de sus integrantes y la anulación de las órdenes de captura.

Conclusiones y recomendaciones preliminares sobre el conflicto social de Guatemala del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra Unesco-Universidad Politécnica de Catalunya.

Con base en la investigación realizada, el GIDHS considera las siguientes:

A. Conclusiones generales:

1. El modelo de desarrollo basado en la concentración de tierras y el uso de la mano de obra de mozos colonos, estructura de dominación de tipo feudal que aún pervive, está siendo sustituido por la expansión de monocultivos extensivos como la caña de azúcar o la palma africana. Lejos de mejorar su situación, la implantación de este modelo está usurpando el vínculo de las comunidades con la tierra, arrojándolas a procesos de desintengración. Estos procesos podrían estar conllevando efectos etnocidas.

2. Existe una evidente insuficiencia de los mecanismos previstos para favorecer el acceso a la tierra y los proyectos productivos de las comunidades indígenas y campesinas. Los fondos previstos por el FONTIERRAS para financiar la compra y arrendamiento de tierras apenas han llegado a cubrir una parte mínima de las demandas efectuadas. Igualmente, los créditos productivos no han impedido que la mayor parte de las familias campesinas tengan que acudir a las entidades locales de crédito que operan con condiciones de usura. Además, la lentitud y complejidad burocrática merman su efectividad. Más allá de tales limitaciones, el problema se halla en que no existen mecanismos legales que impongan restricciones a la acumulación de la tierra y aseguren mecanismos de redistribución.

3. La falta de independencia del Poder Judicial estructura un sistema de impunidad basado en la profunda asimetría en la respuesta de las instituciones ante las posibles vulneraciones a los derechos. Por un lado, las instituciones se muestran débiles, incapaces de responder cuando de la protección de los derechos de los sectores más vulnerables (o más vulnerados) se trata. En cambio, las mismas instituciones aparecen contundentes y altamente eficaces cuando se les exige que defiendan los intereses de los sectores más poderosos.

4. Según los testimonios recogidos, las organizaciones de Derechos Humanos y sus integrantes, así como los dirigentes comunales, han sido víctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias de desprecio, acusaciones y criminalización de sus acciones, que han obligado a muchos de ellos a tomar medidas para resguardar su integridad física.

5. En los distintos conflictos analizados por la misión de observación del GIDHS, se observa que las Mesas de Diálogo puestas en marcha no han permitido avanzar en una resolución negociada. En los casos observados, tanto la empresa como el Gobierno han utilizado dichos espacios como mecanismos dilatorios que han dado por finalizados de modo unilateral. En el caso del Valle del Polochic, ello se manifiesta de manera extrema, puesto que la mesa de diálogo se hallaba en pleno funcionamiento cuando el Ministerio Público dio curso a la orden de desalojo.
6. Constatamos la existencia de una estrategia de generación de miedo con importantes consecuencias de orden psicosocial en la población organizada. En los distintos casos analizados, el GIDHS ha recabado reiteradas denuncias sobre la presencia de grupos armados clandestinos que constituyen un factor constante de inseguridad y de violencia física y psicosocial contra las comunidades. Dicha presencia estaría acompañada de la inacción, cuando no de la complicidad, del MP o de los efectivos de la PNC, en el marco de una estrategia de amedrentamiento de la población civil de las zonas donde se desarrollan procesos de organización social para la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades.

Con relación a los monocultivos de caña de azúcar. Conflictos en el Valle de Polochic:

7. El delito de usurpación previsto en la legislación guatemalteca vulnera los derechos constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La decisión de desalojo puede ser tomada sin audiencia de las personas afectadas y no existen garantías mínimas referidas a la certeza del título presentado por la propiedad. Igualmente, no se prevén formas que permitan modular las condiciones del desalojo con el fin de realizar una ponderación entre el derecho de propiedad privada y otros derechos afectados por el desalojo, como el derecho a la alimentación y a la vivienda. De esta manera, el ordenamiento guatemalteco obvia la necesidad de asegurar que la propiedad cumpla con una función social, y opta por la sobreprotección de los intereses de una minoría en detrimento de las necesidades de las personas con menos recursos.

8. Hasta el momento, el Gobierno no ha demostrado voluntad política para ejecutar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de junio de 2011 para el caso del Valle de Polochic. Dos meses después, no se ha implementado ninguna acción para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades Q’eqchi’s afectadas, brindar asistencia humanitaria incluyendo alimentación y albergue, así como avanzar en la investigación de los hechos denunciados.

9. El caso del Valle del Polochic expresa con claridad que los mecanismos legales que aseguran el derecho a la tierra en Guatemala dan la espalda a las previsiones del artículos 67 y 68 de la Constitución y a las obligaciones derivadas del Convenio núm. 169 de la OIT y las previsiones de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, referidas al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, así como la necesidad de que los gobiernos instituyan procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

10. Los desalojos del Valle del Polochic vulneraron los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo” establecidos en el Anexo 1 del Informe del relator especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (Circular A/HRC/4/18).

11. Los desalojos del Valle del Polochic se han realizado sin las suficientes garantías en cuanto a la certeza sobre la titularidad y lindes de los terrenos desalojados. En alguno de los casos se ha demostrado con posterioridad al desalojo que las fincas en cuestión no pertenecían a la empresa Chabil Utzaj. Por otro lado, la desaparición de documentos relativos a registros de propiedades en el Valle del Polochic anteriores a 2005, apuntaría un caso de corrupción que en beneficio de los intereses de las grandes inversiones y la concentración de tierras.

12. El GIDHS considera co-responsable de las vulneraciones de derechos que han tenido lugar a consecuencia de los desalojos en el Valle de Polochic al Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE).

13. Según los testimonios recabados en la zona, la presencia de grupos clandestinos armados constituyen un elemento constante de inseguridad y violencia física y psicosocial. Los testimonios señalan que son personas pertenecientes a la seguridad privada de la Empresa Chabil Utzaj S.A. las que han participado en hechos violentos durante los desalojos y durante los cinco meses transcurridos desde entonces. Esto se realiza bajo la permisividad de los organismos del estado guatemalteco.

14. La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos -COPREDEH- y la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH-, que pueden actuar como coadyuvantes en el esclarecimiento de los hechos, han tenido una intervención tibia e insuficiente, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseñadas, de las que han tenido constancia directa o indirecta por las denuncias y peticiones de particulares y organizaciones civiles.

En relación a los proyectos extractivos, conflictos derivados de la Mina Marlin:

15. En el caso de San Miguel Itxahuacán, departamento de San Marcos, existe la resolución MC-260-07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha del 20 de mayo de 2010, sobre las medidas cautelares consistentes en la suspensión de la explotación minera del proyecto Marlin I, así como la adopción de medidas para descontaminar las fuentes de agua de las comunidades beneficiarias, atender a su salud y garantizar la vida y la integridad física de sus miembros. Un año y tres meses después de esta resolución, el Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación en la aplicación de las Medidas Cautelares, habiendo solicitado además su suspensión, provocando así una mayor indefensión e inseguridad jurídica en el seno de las comunidades afectadas.

16. Existe una vulneración del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de San Miguel Itxahuacán, por parte de Goldcorp/Montana, así como del derecho a consulta previa y de buena fe que establece el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo con las previsiones de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según el informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, la empresa minera no cumplió con lo establecido en el citado convenio, aportando además, un informe de cumplimiento con datos falsificados, con la connivencia del Estado de Guatemala.

17. La explotación minera Marlin ha supuesto además, el origen de la división en el interior de las comunidades, llegando hasta el seno de algunas familias. Los conflictos entre personas de la comunidad que trabajan en la mina y el resto de la población, son habituales, dándose amenazas y actos de violencia entre ellos. La división social se ha visto incrementada por la compra de tierras por parte de la empresa, desplazando a otros lugares a familias asentadas en la comunidad desde generaciones.

18. La contaminación de las fuentes de agua de las comunidades, es un hecho constatado por la CIDH en su resolución de las Medidas Cautelares. La utilización de 250.000 litros de agua por hora para la actividad minera, ha provocado la disminución de las reservas de agua de las comunidades e incluso la desaparición de alguna de ellas, vulnerando así su derecho de acceso al agua, y de manera relacionada los derechos a la alimentación, salud, y a una vida digna.

19. Como consecuencia de las explosiones derivadas de las excavaciones en la actividad minera, se han producido graves daños en las estructuras de las viviendas más cercanas, con grietas y rajaduras visibles de varios centímetros de amplitud, hecho que se ha denunciado por los afectados y las organizaciones, y examinadas por arquitectos de la propia mina, que negando la relación causa-efecto, rehúyen su responsabilidad en la rehabilitación de los edificios, vulnerando así el derecho a la vivienda y una vida digna de sus habitantes.

B. Recomendaciones específicas

1. El GIDHS considera urgente que el Gobierno acate y ejecute las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos del Valle de Polochic y las poblaciones afectadas por la mina Marlin. En el caso del Valle de Polochic, el GIDHS considera
necesario que el Gobierno de respuesta inmediata a las medidas presentadas por las comunidades ante COPREDEH en la reunión celebrada el pasado 19 de agosto.

2. Debería aprobarse un procedimiento de consulta previa libre e informada acorde con las exigencias del Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración Universal de derechos de los pueblos indígenas. Mientras dicha regulación no se halle prevista, deberían suspenderse las actividades que afecten a territorios poblados por comunidades indígenas, algo que en estos momentos se refiere de manera concreta a los proyectos hidroeléctricos de la zona de Ixil.

3. Mientras no se derogue o se modifique sustancialmente el contenido del delito de usurpación, la Fiscalía General del Estado debería dictar una instrucción que obligue al Ministerio Público a incorporar una fase previa de audiencia previa con el objeto de lograr una conciliación; garantizar la investigación de las condiciones de la titulación y los límites de los linderos; la comprensión de los derechos a la tierra y al territorio de acuerdo con las previsiones del Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Avanzar en el desarrollo de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz referidos a la cuestión agraria. Específicamente, la Corte Suprema debería presentar en el menor plazo posible al Congreso de la República una iniciativa de ley de creación de los Tribunales Agrarios.

5. Implementar las reformas legales necesarias para disminuir el alto grado de impunidad presente en Guatemala y la falta de independencia del Poder Judicial. En este sentido, se considera urgente una reforma de los mecanismos de elección de los miembros del Poder Judicial y de la designación del Fiscal General. Igualmente se considera urgente dotar de medios suficientes a la Fiscalía y a la Defensoría Penal Pública para que pueda cubrir la totalidad del territorio guatemalteco.

6. El GIDHS hace un llamado a los países donantes para que sigan aportando los recursos necesarios para la extensión del mandato de la CICIG más allá de 2013.

7. Garantizar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a Guatemala desde las distintas instancias de Naciones Unidas. Promover las visita de los Relatores Especiales de Naciones Unidas, en especial sobre Productos y Residuos Tóxicos, sobre el derecho a la Vivienda, sobre independencia de jueces y magistrados. Igualmente se recomienda la activación de los mecanismos del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios como medios para la vulneración de derechos humanos y para impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación.

8. En el marco de las funciones asumidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, se recomienda que amplíe su labor de observación en las distintas zonas del territorio donde se presentan conflictos vinculados a la implementación de modelos de desarrollo en infraestructuras, actividades extractivas y agrodindustriales.

9. El GIDHS insta al Ministerio Público a qué de manera efectiva avance en el esclarecimiento sobre los hechos delictivos que las comunidades atribuyen a las fuerzas de seguridad o a la seguridad privada de la empresa Chabil Utzaj.

10. Debería implementarse una política de control del armamento y seguimiento de las acciones llevadas a cabo por las empresas de seguridad privada, en especial en zonas en las que exista conflictividad entre empresas y comunidades indígenas y campesinas

Barcelona, septiembre de 2011

DOCUMENTO FINAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GUATEMALA 2011 GIDHS

Documental sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay y sobre el conflicto por la imposición de un modelo cultural y agroindustrial.

Realizado a partir del material audiovisual recogido durante la visita del GIDHS – UPC en Paraguay en 2009. En febrero del 2011 se ha presentado en Paraguay y en Barcelona el informe Situación de los Derechos Humanos en el Oriente Paraguayo en 2009. Conflicto por la imposición de un modelo cultural y agroindustrial.

FICHA TÉCNICA
Paraguay: cambio cautivo
Guión: EdPAC, Diego Alba Fraga y Marta Roda Milà
Edición: Marta Roda Milà
Traducción del guaraní: Eduardo Manuel Chamorro
Año de producción: 2011
Duración: 43:29

El fondo del problema

Los llamados gremios de la producción, en su mayoría con tierras mal habidas o mal adjudicadas y con proyectos territoriales excluyentes, con el crecimiento insólito de la economía nacional -que lamentable y contradictoriamente está asociado al crecimiento de pobreza extrema rural- aumentan su participación en la producción a expensas del sector campesino, indígena y popular. Ahora la producción campesina está ya por debajo del 20 % de la superficie cultivada total.

Estos gremios de sojeros y ganaderos a  través de sus medios de comunicación lograron que algunas ideas que descalifican la producción y las luchas campesinas e indígenas, ganen la fuerza del sentido común en la opinión pública; estas ideas incluyen: los campesinos e indígenas son haraganes, ignorantes, la agricultura campesina es la causa de la pobreza (no el modelo agroexportador ni la concentración de la tierra y del ingreso),las organizaciones campesinas e indígenas son sinónimos de delincuencia, la reforma agraria no solucionará el problema rural.

Sobre las ideas instaladas, nos movilizaremos para discutir en barrios, comunidades, plazas y calles con nuestros compatriotas, sobre la realidad del problema agrario y sobre el alcance nacional que tiene la Reforma Agraria en cuanto beneficio a la ciudadanía.

Nuestra propuesta se contrapone al avance ilegal de la soja transgénica en las comunidades y nacionales, que está aniquilando asentamientos campesinos y que lastimosamente cuenta con la complicidad de agentes que expresan la presencia territorial del Estado (los propios funcionarios del Indert, jueces y fiscales básicamente).

Los grandes cambios requieren de grandes decisiones, entre las que se encuentran la necesidad de reorientar la política de gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la política tributaria (que debe tener mayor acento en impuestos a la producción extractiva de materia prima y la aprobación del IRP), el modelo de seguridad liderado por el Ministerio del Interior y la presión para la reforma estructural de la Justicia.

Las condiciones requeridas para revertir la situación, desde las políticas públicas.

1- Instalar una campaña discursiva-política de formación de conciencia sobre la recuperación de las tierras mal habidas y de las parcelas ilegalmente ocupadas por el sector sojero en las comunidades. La recuperación efectiva de estas tierras supone acciones que involucren directamente al Presidente Lugo, a los miembros de la Corte Suprema, y al Jurado de Enjuiciamiento

2- Garantizar recursos de tesoro o de las binacionales  para el Indert, en coherencia con uno de los 6 ejes del programa que se votó el 20 de abril de 2008, puesto que la reforma agraria fue una de las banderas de Lugo. En este sentido, vale mencionar que las compensaciones por la energía cedida al Brasil, se deberían aplicar mayoritariamente para el desarrollo de la Reforma Agraria integral.

3- Desarrollar un gran debate nacional sobre el modelo productivo a priorizar como país. Para este debate se debe convocar a todos los sectores vinculados a la producción, con el fin de discutir con patriotismo, sinceridad, responsabilidad y seriedad, cuál es el modelo de producción que beneficiará a la mayoría de los habitantes del país.

Este debate nacional debe estar alimentado sistemática y cotidianamente por la SICOM, la televisión educativa, radios comunitarias y otros medios disponibles. Esta campaña debe contrarrestar por medios idóneos las ideas que estigmatizan al campesino, a la agricultura campesina y presentan a la reforma agraria como una propuesta anacrónica.

Esa campaña debe mostrar la cuestión campesina como un problema nacional crítico, ya que cada vez importamos más alimentos que inexorablemente provocará inflación y mayor pobreza extrema, en tanto los precios de los alimentos suben y no lo ingresos de los pobres.

En este debate debe plantearse los graves riesgos de la privatización de las tierras públicas por la vía de la titulación masiva sin garantizar previamente el arraigo de la población asentada. Al desaparecer las tierras públicas además el INDERT carecerá de razón der ser, y al desaparecer el derecho agrario solo regirá el código civil.

4- Trabajar sobre la propuesta de política agraria del Congreso campesino de junio/2010 y el perfil de la persona que pueda dirigir, desde el Indert, estas políticas.

5- Luego de consensuar estos puntos, hablemos de nombres

La tarea principal del movimiento popular

Las organizaciones sociales y políticas abajo firmantes, sostenemos que este año, el 2011, es el año del Bicentenario Patriótico de Liberación, el año de las movilizaciones, los debates, las recuperaciones patrióticas de tierras mal habidas y mal adjudicadas. Este es el año del trabajo en asambleas permanentes que nos permitan construir ese proyecto democrático nacional que representa y que sea defendido por la mayoría de los que habitamos nuestro glorioso Paraguay.

Nosotros y nosotras apostamos a los encuentros y a la unidad para sostener una oleada creciente de manifestaciones, que instale con claridad, firmeza y patriotismo, las líneas fundamentales, éticas, morales y patrióticas para defender la construcción del Paraguay democrático, justo y solidario.

¡Por un Bicentenario Patriótico de Liberación!

¡Por una Reforma Agraria Integral con participación del pueblo organizado!

¡Por un modelo productivo incluyente que beneficie a la mayoría de nuestro pueblo!

¡Recuperación de tierras mal habidas ya!

Partido Comunista Paraguayo; Partido Convergencia Popular Socialista; Partido Popular Tekojoja; Organización de Lucha por la Tierra (OLT); Coordinadora de Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN); Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); Organización Sebastián Larrosa; Movimiento Agrario y Popular (MAP), Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indìgenas (CONAMURI); Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos (MTR); Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP); Alianza Campesina (AC); Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA)

15 de febrero de 2011

Dijous 24 de febrer de 2011
A les 19 h al Pati Manning (Montalegre, 7 de Barcelona)
Entrada lliure. Com arribar-hi?

Amb la participació de:
Javier Sánchez
Comitè Coordinador Internacional de La Vía Campesina

Gloria Wilhelmi Lizaur
Juristes Solidaris

Es projectarà un documental sobre els Drets Humans al Paraguai produït per EdPAC.

Organitzen: Educació per a l’Acció Crítica, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de l’UPC i Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad

Amb la col·laboració de: Entrepobles, RAI i REDS

Informes como éste son claves para visibilizar el acoso al que se enfrenta la agricultura campesina, y por ende, las comunidades campesinas e indígenas. La Vía Campesina seguirá trabajando como hasta ahora por la soberanía alimentaria de los pueblos e invitamos a cuántos y cuántas crean en su lucha a sumarse en la defensa de una agricultura campesina, social y sustentable.

Paul Nicholson

La demanda internacional de cereals i oleaginoses ha convertit el Paraguai en un dels majors productors i exportadors mundials de soja. L’oportunitat de negoci impulsa els antics terratinents i als nous inversors a sumar-se a l’expansió del model agroindustrial.

El requeriment de terres per a la seva producció posa en tensió la ja fràgil relació entre els latifundistes i les comunitats camperoles i indígenes. L’escassa institucionalitzat afegida a la inèrcia de la dictadura de Stroessner agreugen l’obtenció i el reconeixement de la propietat de la terra de les comunitats rurals.

Però amb la terra no n’hi ha prou. Les organitzacions camperoles demanen la democratització econòmica, social, cultural i ambiental. Denuncien la desforestació a gran escala, la utilització de potents agrotòxics que suposen problemes a la salut humana, o la pèrdua irreparable del Bosc Atlàntic Paraguaià.

Aquest informe és el resultat de la Missió d’Observació que va visitar Paraguai el 2009.En l’estudi documentat de les situacions aquí descrites prevalen els testimonis de les persones protagonistes des dels diversos àmbits del conflicte.

Barcelona, febrer de 2011

No será sencillo: Pero es urgente transformar el modelo agropecuario Argentino

En estos últimos meses diferentes situaciones han salido a la superficie y han sido tomadas por los medios.

• La usurpación de tierras de pueblos originarios que esta vez se muestra con su cara mas feroz: La represión y el asesinato. La movilización de la comunidad y la solidaridad popular. (Reiteramos nuestra indignación ante los desplantes y ninguneo del gobierno nacional hacia la comunidad Qon y sus legítimos reclamos) 
• La concentración irracional de población en las grandes ciudades y su consecuente falta de vivienda, trabajo, etc.. que ponen a grandes masas de familias trabajadoras en situación de ser manipuladas por grupos políticos y empresarios. Tal como se expresó en Villa Soldati y otras, con tristes saldos de vidas humanas. Reiteramos nuestro rechazo a la represión y criminalizan de la protesta social propiciados por Macri y la policía Federal.
• La concentración de la tierra y el agua en pocas manos y la falta de apoyo a la agricultura familiar y campesina propician el trabajo esclavo en condiciones infrahumanas al que son sometidos miles de trabajadores y trabajadoras en el campo, tal como hemos visto en los últimos allanamientos en San Pedro y Ramallo, que no son casos aislados sino inherentes al modelo que defiende la mesa de enlace y las corporaciones transnacionales.

Los hechos mencionados no son situaciones aisladas o excepcionales, son consecuencias generales del modelo agropecuario instalado en Argentina. Que además se basa en el saqueo de nuestros bienes naturales, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la contaminación de los suelos, el calentamiento global, la concentración del mercado de alimentos y el aumento de sus precios y el desabastecimiento del mercado interno. Es un modelo que lleva 200 años de evolución, que se consolidó luego de la dictadura militar y que se enraíza en numerosos estamentos del estado y las universidades.

Las corporaciones como Monsanto, Nidera, Dreyfus, Syngenta, se han apoderado del comercio de semillas y han impuesto el uso masivo de  agrotóxicos; así como de alimentos.  Sus principales socios en Argentina son la mesa de enlace (SRA, CRA, CONINAGRO y FAA) , su política se expresa en los grupos CREA y la AAPRESID. Su principal cómplice es la conducción de la UATRE.

Los flagelos mencionados no pueden eliminarse sin una transformación profunda del modelo, que no será sencilla. El camino es la agricultura familiar, campesina,originaria, donde la tierra y el agua no sean mercancías, sino elementos vitales con los cuales el estado planifique el desarrollo de nuestra patria, un campo poblado de pueblo arraigado con tecnología adaptada a las necesidades de la producción y no a los negocios de las corporaciones. Los ingresos en divisas de retenciones e impuestos no tienen comparación con las enormes perdidas ecológicas, económicas, sociales y culturales que el modelo ocasiona.

Según el PROSAP por cada peso que es necesario invertir en el desarrollo de una familia en el campo, en la ciudad son necesarios 3 pesos.

Es urgente un programa que impulsemos entre las organizaciones sociales y políticas, sumando fuerzas y luchas, desde el campo y la ciudad para lograr la Soberanía Alimentaria.

Desde el MNCI – Vía campesina proponemos algunos ejes de Soberanía Alimentaria:

Reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto:

De lo rural y de lo urbano, como formas de vidas diversas y complementarias; cuyas relaciones se definen por la solidaridad.

Del mundo rural como Espacio de vida cuya consolidación requiere de presencia de una población enraizada, con condiciones mínimas de permanencia, la más importante es el acceso y uso de la tierra, el agua y demás bienes naturales.

De que estos territorios y poblaciones diversas (pueblos indígenas, campesinas, pescadores artesanales, pastoralistas, trabajadores y asalariados rurales y otras), tienen una importancia clave y es dar al conjunto de la sociedad  la provisión de alimentos y preservación de la naturaleza y al patrimonio natural y cultural, la biodiversidad que nos pertenecen a todos-todas.

De la mujer como productora de vida, alimentos, arte, cultura, conocimientos, valores y diversidad. Respeto a las semillas y los procesos milenarios genéticos, basta de trangénicos.

De las organizaciones y Movimientos campesinos, de pescadores artesanales, pueblos indígenas como instancias directas de participación, diagnóstico y ejecución territorial de políticas de desarrollo y luchas por las conquistas de derechos civiles sociales y culturales.

Debemos impulsar que los gobiernos provinciales, municipales y nacional realicen:

Leyes de apoyo y estimulo que custodien y promuevan estos modelos de producción y provisión de alimentos, a las comunidades y los bienes naturales.

Leyes de suspensión de desalojos y garantizar el acceso al agua.

Apoyo y Estímulo: al desenvolvimiento de formas de economías de proximidades que garanticen a las poblaciones urbanas alimentos sanos de las poblaciones rurales de acuerdo a la diversidad cultural (pueblos indígenas, campesinas, pescadores artesanales, pastoralistas, trabajadores y asalariados rurales). Garantizando el desarrollo y acceso de tecnologías que se adapten a los modelos culturales y productivos.

Apoyo y Estímulo: de acceso de estas poblaciones del campo y de las pequeñas ciudades a los bienes y servicios, priorizando los que esos grupos y poblaciones consideren necesarios para el ejercicio de su ciudadanía. Que además participen en la gestión y administración de los mismos. Con énfasis especial de acceder a los bienes y servicios que garantizan los derechos básicos fundamentales, como la educación, salud, comunicación y recreación.

Apoyo y Estímulo: Ampliación de ofertas de asentamientos en el campo y a pequeñas ciudades, especialmente a los jóvenes, para reducir los impactos negativos del éxodo rural que van a los lugares más distantes, creando en el campo las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos en las comunidades rurales.

Apoyo y Estímulo: a las organizaciones y movimientos diversos, respetando su autonomía o filiación cualesquiera ellas sean, convocándolas a participar del diseño, programas y ejecución de los mismos sin discriminación.

El rol del estado en este programa es importante, en la medida que transfiera los subsidios que se otorgan al agronegocio hacia la agricultura familiar y campesina, además de abastecer a los programas sociales con producción campesina y desarrollar mecanismos de acceso directo de las poblaciones urbanas pobres a los productos campesinos a bajo costo.

Fortalecer la vida campesina y sus organizaciones creará las condiciones para derrotar a la mesa de enlace y las transnacionales y lograr la vuelta al campo de miles de familias argentinas que se encuentran excluidas en las ciudades.

¡Somos Tierra para alimentar a los pueblos!

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Vía Campesina